Fiscal General de Honduras hace cadena de radio y TV, para desacreditar a líder presidenciable

*** “Hay una persecución a la oposición”, señalan analistas, considerando que el caso ya fue tratado y legalmente no hay delito penal

El Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, en cadena de radio y televisión, acusó públicamente al presidenciable nacionalista Nasry «Tito» Asfura, más conocido como «Papi a la Orden», violentando los principios de inocencia y sus derechos humano, para desacreditarlo e impedir su inscripción política para competir en próximo proceso electoral.

El fiscal hondureño y otro subalterno, identificado como Luis Javier Santos, comparecieron en una cadena de radio y televisión, promoviendo un requerimiento fiscal, que ya fue debatido en un antejuicio en los tribunales y los entes competentes como es el Tribunal Superior de Cuentas, donde se demostró que no existe ningún delito penal, sino una falta administrativa que ya fue subsanada legalmente, considerando que el caso de investigación se realizó hace cuatro años.

En tal sentido, por la acción violatoria a los derechos humanos de hacer pública una investigación para desacreditar al presidenciable, con el aval de la presidenta de la República Xiomara de Zelaya, diversos sectores, incluidos abogados y políticos, cuestionan la inédita cadena nacional emitida por el Fiscal General, Johel Zelaya, en la que expuso el caso contra Nasry “Tito” Asfura, precandidato a la presidencia. Este acto, considerado por muchos como un “ataque mediático”, es señalado por evidenciar la incapacidad del Ministerio Público para proceder adecuadamente en un caso del que no hay delito penal.

En este sentido, Hermes Ramírez, abogado defensor de Asfura, afirmó que la intervención de Zelaya en la cadena nacional “vulnera el estado de inocencia de los imputados”. Ramírez subrayó que el Ministerio Público debería actuar con imparcialidad y estar libre de cualquier injerencia política, tal como lo establece su ley orgánica.

El letrado lamentó que, al referirse públicamente a varios imputados, se esté violando el principio de presunción de inocencia, recogido en el Código Procesal Penal. “Toda persona imputada debe ser tratada como inocente mientras no se le declare culpable”, enfatizó Ramírez, además de que el Ministerio Público tiene prohibido divulgar detalles de procesos judiciales en curso.

Inédita acción del fiscal

Fernando González, abogado penalista, también mostró su asombro ante la inédita acción del fiscal. “Es la primera vez que el Ministerio Público hace cadena nacional para señalar y juzgar”, dijo González. En sus palabras, jamás en los 30 años de existencia del Ministerio Público se había presenciado tal acto.

González cuestionó si esta práctica podría establecer un precedente peligroso: “¿Ahora el Ministerio Público va a pedir espacios en cadenas nacionales para dar a conocer cualquier caso?”. Expresó preocupación de que se trate a este caso con mayor relevancia que otros procesos judiciales de delitos comunes.

Por su parte, el analista político Luis León opinó que “las cadenas eran para que el presidente nos diera el mensaje de una emergencia”. León señaló que la cadena nacional perdió su propósito original y añadió que su uso en este caso “pone el juicio en una posición más política que jurídica”.

El abogado Javier Sandoval, por otro lado, se mostró escéptico sobre el objetivo real de la cadena nacional. “Faltaba solo una conferencia de prensa si quería exhibirse el Fiscal General”, ironizó, criticando la estrategia utilizada por Zelaya.

“Hay una persecución a la oposición”

Asimismo, Benjamín Lavaire, exfiscal del Ministerio Público, afirmó que “con la cadena Nacional de anoche queda evidenciado que hay una persecución a la oposición”. Esta percepción de instrumentalización de la justicia fue compartida por otros sectores.

Germán Licona, abogado de la defensa, aseguró que la intervención de Zelaya violenta la ley orgánica del Ministerio Público. A su juicio, “lo que está sucediendo es un escarnio público”, exponiendo a los imputados en un juicio paralelo mediático.

El abogado también destacó que la mayoría de los implicados en el caso están defendiendo su libertad y que el proceso legal en los tribunales está avanzando. Sin embargo, advirtió que el uso de medios masivos de comunicación para tratar estos temas vulnera derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la defensa y el debido proceso.

En el ámbito político, el diputado liberal Yury Sabas instó al Fiscal General a presentar los casos en los tribunales y no usar los medios del Estado. “Lo único que le podría decir es que esos temas se debaten en los juzgados, no en los medios”, afirmó Sabas, quien criticó la politización del debate.

El diputado Eder Mejía también expresó su desacuerdo con la cadena nacional, y coincidió en que “se violentó el derecho de la presunción de inocencia”. Mejía sugirió que esta acción respalda la percepción de que el gobierno utiliza las instituciones para atacar a la oposición política.

Finalmente, Mejía concluyó que el mensaje transmitido en la cadena nacional es una señal clara de la instrumentalización de la justicia para debilitar a los opositores políticos en el país. MO/Guatediario