Bernardo Arévalo y Karin Herrera deben asumir la presidencia de Guatemala «irreversiblemente», coinciden empresarios
*** Dirigentes de la Cámara de Comercio, Fundesa y el Consejo Nacional Empresarial, coinciden que se debe respetar la voluntad popular de las guatemaltecos expresada en las urnas en las elecciones pasadas.
Dirigentes de la empresa privada de Guatemala, criticaron el allanamiento que realizaron empleados de Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de donde secuestraron actas electorales de los cinco tipos de elección, correspondiente a las elecciones generales del pasado 25 de junio.
A pesar de la oposición de los magistrados del TSE, para impedir el decomiso de las actas electorales, los agentes del MP hicieron uso de la fuerza para llevarse los documentos, según se informó.
Ante este allanamiento, dirigentes empresariales hicieron público sus críticas en comunicados de prensa, donde pidieron el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
La Cámara de Comercio de Guatemala publicó que el pasado 20 de agosto quedaron legítimamente electos, en un proceso democrático, como presidente y vicepresidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera, respectivamente.
Reconocen que Bernardo Arévalo y Herrera “irreversiblemente deberán tomar posesión de sus cargos el próximo 14 de enero de 2024 y ejercer su mandato constitucional”.
“Es imperativo el fortalecimiento de la democracia en el país, que nos conduzca a un gobierno que pueda generar resultados importantes en beneficio de todos”, se lee en el comunicado.
“Los guatemaltecos estamos agotados de tanta polarización; queremos un país en el que las generaciones presentes y futuras encuentren el anhelado bienestar y progreso que nos merecemos”, concluye el comunicado.
Por su lado, el Consejo de Fiduciarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), en su comunicado público, expresó “su enérgico rechazo a los atropellos y el abuso de autoridad que viene cometiendo el Ministerio Público, recordando que el Tribunal Supremo Electoral ya ha oficializado debidamente los resultados de las elecciones generales 2023, por lo que todas las autoridades electas deberán asumir el 14 de enero, incluyendo el Presidente electo, Dr. Bernardo Arévalo y la Vicepresidenta electa, Dra. Karin Herrera”.
Hizo un llamado urgente al Organismo Judicial para detener los actos, que califica como ilegales, que el MP está realizando y que se certifique lo conducente.
“A todos los organismos e instituciones del Estado, les solicitamos no ser cómplices de acciones que socaven nuestra institucionalidad democrática, a la vez de apegarse al estricto cumplimiento de la ley y al estado de derecho”, dice el comunicado.
Asimismo, la dirigencia del Consejo Nacional Empresarial manifestó su condena a las diligencias llevadas a cabo por la Feci en el TSE que llevó al secuestro de las actas 4 y 8 del proceso electoral. “Esto es un atropello, uno más, contra nuestra democracia”, expresaron.
“La Corte de Constitucionalidad ya ha sido suficientemente permisiva con estos abusos y debe detenerlos de una vez por todas. Es su obligación ordenar que se devuelvan los documentos a la institución que debe resguardarlos y poner límites a una investigación penal llena de abusos y arbitrariedades. Los votos son contados por ciudadanos y estos merecen todo el respeto y respaldo”, se lee en el documento.
“A las demás organizaciones empresariales que permanecen calladas o timoratas les exhortamos a que nos unamos en defensa del proceso democrático que unos pocos quieren alterar. El sector privado juega un rol central en la defensa del Estado de Derecho y debe ejercerlo de la manera más contundente posible”, concluye el comunicado del Consejo Nacional Empresarial.
También el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se pronunció en contra de los allanamientos del Ministerio Público al Tribunal Supremo Electoral y dijo que la integridad del proceso electoral debe ser defendida.
El Cacif dijo que “es imperativo que los órganos jurisdiccionales resuelvan las acciones presentadas, con el fin de esclarecer a la población guatemalteca los hechos contenidos en las mismas”. MO/ Guatediario
